El Ministerio de Consumo español ha puesto sobre la mesa una propuesta que apunta directamente a la publicidad de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal, especialmente aquella dirigida a la infancia. Esta iniciativa no es un paso aislado, sino que se enmarca en una estrategia más amplia para enfrentar uno de los desafíos sanitarios más apremiantes de nuestro tiempo: la obesidad infantil. La regulación, si se aprueba, impondría restricciones significativas a la difusión de este tipo de mensajes publicitarios, limitando su alcance en franjas horarias y en ciertos canales, y prohibiendo el uso de figuras de personajes de dibujos animados o celebridades que actúen como reclamo para los menores.

La obesidad infantil se ha consolidado como una epidemia silenciosa, con consecuencias a largo plazo que trascienden el ámbito de la salud individual. Los niños y niñas con sobrepeso u obesidad tienen un riesgo considerablemente mayor de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta, como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares, además de enfrentar desafíos psicológicos y sociales.

La publicidad, con su capacidad para influir en las decisiones de consumo y en los hábitos alimentarios, ha sido señalada por expertos y organizaciones de salud como un factor determinante en esta problemática. La propuesta del Ministerio de Consumo, liderado por el ministro Pablo Bustinduy, busca precisamente desmantelar esa conexión, protegiendo a los más vulnerables de la influencia de mensajes que promueven un modelo de alimentación poco saludable. La medida se inspira en el éxito de regulaciones similares implementadas en otros países, como Reino Unido y Portugal, donde se ha observado una disminución en la exposición de los menores a la publicidad de productos poco saludables.

Argumentan que la autorregulación ya es un mecanismo eficaz y que una regulación estatal podría ser desproporcionada, afectando a la libertad de empresa y a la viabilidad financiera de determinados sectores. Sin embargo, desde el Ministerio de Consumo se insiste en que la autorregulación no ha sido suficiente para frenar el avance de la obesidad infantil y que se requiere una intervención más contundente para garantizar el bienestar de la población más joven. El debate pone de manifiesto una tensión fundamental entre los intereses comerciales y la responsabilidad social, y plantea preguntas cruciales sobre el papel del Estado en la protección de la salud pública. La propuesta no solo busca regular la publicidad en la televisión, sino que también contempla la publicidad digital, un canal cada vez más relevante en la vida de los menores, lo que demuestra un esfuerzo por adaptarse a las nuevas realidades del consumo de medios.