El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el World Governments Summit en Dubái un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias destinadas a aumentar el control sobre las plataformas digitales y proteger a los usuarios. Entre esas medidas destaca una que va a dar mucho que hablar, y que sigue el camino de otros países como Australia o Francia: la prohibición de acceso a menores de 16 años.

Cinco nuevas medidas en el ámbito digital

Las cinco medidas anunciadas por Pedro Sánchez son:

• Prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años: Se prohibirá legalmente que los menores de esta edad accedan a las redes sociales. Para ello, se obligará a las empresas a implantar sistemas de verificación de edad que sean realmente efectivos. En palabras del Presidente: “Las plataformas tendrán que implementar sistemas de verificación que sean realmente efectivos, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron recorrer solos (…) Ya no lo aceptaremos más. Les protegeremos del lejano Oeste digital”.
• Responsabilidad legal para directivos: Se modificará la legislación para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las infracciones que ocurran en sus redes. Esto implica que podrían enfrentar consecuencias penales si no retiran contenidos de odio o ilegales.
• Tipificación de delitos algorítmicos: Se convertirá en delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal o tóxico por parte de las plataformas. Curiosamente, este anuncio llega en el mismo día en el que la Fiscalía de París ha ordenado registrar las oficinas de X en Francia y ha pedido a Elon Musk que declare ante una posible manipulación de su algoritmo.
  La unidad de ciberdelincuencia y Europol investigan a la red social desde enero de 2025 por si la plataforma favorece injerencias extranjeras
• Creación de la “Huella de Odio y Polarización”: Se pondrá en marcha un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad para identificar cómo las plataformas alimentan la división social y el odio. Es previsible que en esta herramienta pueda servir de base para futuras sanciones.
• Investigación de infracciones con la Fiscalía: El Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales en plataformas específicas (mencionando explícitamente casos como Grok, TikTok e Instagram) y perseguir la impunidad en el entorno digital. “Mi Gobierno trabajará junto a nuestro fiscal para investigar la infracción cometida por Grok, TikTok e Instagram”, ha concluido.

Sánchez ha justificado estas acciones afirmando que las redes sociales se han convertido en un estado fallido: “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, ha explicado.

Un movimiento cada vez más extendido

Esta tendencia de restringir el acceso a las redes sociales no es un fenómeno aislado de España, sino que responde a un movimiento internacional que cada vez cobra mayor fuerza. El gran referente actual es Australia, que marcó un hito histórico a finales de 2025 al aprobar una ley que prohíbe el uso de estas plataformas a los menores de 16 años, bajo la premisa de que los daños a la salud mental superan cualquier beneficio social.

En el entorno europeo, Francia ha sido uno de los países más activos, endureciendo recientemente su legislación para establecer el límite en los 15 años y obligando a las tecnológicas a implementar soluciones técnicas de verificación más robustas. Por su parte, los países nórdicos también han desarrollado iniciativas en este sentido; Noruega está trabajando para elevar su edad mínima a los 15 años, mientras que Dinamarca mantiene una propuesta similar para evitar que los algoritmos impacten en el desarrollo de los adolescentes. Curiosamente, Noruega ya tiene un límite de edad impuesto de 13 años para acceder a ellas, pero no funciona: más de la mitad de los niños noruegos de nueve años y el 72% de los de once años utilizan igualmente las redes sociales.

Cerca de nuestras fronteras, Portugal está debatiendo actualmente un modelo híbrido que prohibiría el acceso total a los menores de 13 años y exigiría un control parental estricto, vinculado a la identidad digital, para los jóvenes de entre 13 y 16 años. Lo que une a todos estos países es el cambio de enfoque: ya no se trata de que el menor “se porte bien” en la red, sino de trasladar la responsabilidad legal y técnica a las propias plataformas para que impidan su entrada.