El memorando establece un marco de colaboración orientado a consolidar capacidades técnicas y optimizar procesos regulatorios y de vigilancia sanitaria. Este compromiso refleja la necesidad de avanzar hacia una gobernanza más sólida en salud, en un contexto donde América Latina enfrenta una creciente demanda de servicios, el aumento sostenido de enfermedades crónicas y las dificultades para garantizar el acceso seguro a medicamentos innovadores.

La cooperación entre Perú y El Salvador se configura así como un puente de doble vía: no solo permitirá compartir buenas prácticas, sino también generar proyectos conjuntos que se traduzcan en beneficios concretos para la población. En la práctica, es un paso hacia un modelo de cooperación Sur-Sur que apuesta por soluciones basadas en la experiencia local y en la innovación.

Salud mental como eje prioritario

Uno de los ejes centrales del memorando es la salud mental, un ámbito en el que Perú ha logrado reconocimiento internacional. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) premió recientemente al país por su Gestión y Liderazgo en los Servicios de Salud, gracias a un modelo comunitario que ha transformado el abordaje de este tipo de patologías.

La estrategia peruana se basa en la expansión de centros de salud mental comunitarios y casas de acogida, integrados a la atención primaria y diseñados para acercar los servicios a la población. El Salvador mostró particular interés en replicar estas experiencias, reconociendo que la atención en salud mental no puede seguir concentrada en hospitales especializados. El objetivo compartido es fortalecer la prevención, la detección temprana y la rehabilitación psicosocial, mediante esquemas más inclusivos y accesibles.

Avances en regulación de medicamentos

Otro de los pilares del memorando es el fortalecimiento regulatorio. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) de Perú se encuentra en un proceso de transformación institucional que busca consolidarla como una autoridad de referencia en la región.

Entre sus prioridades están la actualización de los procesos de autorización de medicamentos, la mejora de la farmacovigilancia y la implementación de estándares de calidad equivalentes a los exigidos en mercados internacionales. Este avance no solo aumenta la seguridad de los pacientes, sino que también posiciona a Perú como un socio estratégico para la cooperación regulatoria. Para El Salvador, la alianza representa la posibilidad de robustecer sus propios mecanismos de control, lo que se traduce en mayor confianza en los tratamientos disponibles para la ciudadanía.